928 24 64 72 : 928 33 34 02

En un concurso oposición la exigencia de titulación profesional específica que acredite capacitación para labores auxiliares, como requisito indispensable para el desempeño de puestos en los que se desarrollen tareas de esa índole, no discrimina a los titulados de rango superior

En un concurso oposición la exigencia de titulación profesional específica que acredite capacitación para labores auxiliares, como requisito indispensable para el desempeño de puestos en los que se desarrollen tareas de esa índole, no discrimina a los titulados de rango superior

A) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 19 de junio de 2018, nº 367/2018, 331/2015, declara que, la exigencia de titulación profesional específica que acredite capacitación para labores auxiliares, como requisito indispensable para el desempeño de puestos en los que se desarrollen tareas de esa índole, no discrimina a los titulados de rango superior.

Por la aplicación racional y razonable del principio de división del trabajo que opera en todas las áreas productivas o de servicios.

B) HECHOS: La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, al existir plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal estatutario fijo, mediante Resolución de 16 de noviembre de 2011 convocó pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, que se publicó junto con las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias nº 239 de fecha 5 de diciembre de 2011. En el expediente administrativo está incorporado este documento, señalado en el índice con el número 1, págs. 1 a 32.

En la base cuarta de la convocatoria se identifican las plazas convocadas, fijándose en el apartado 1. 2) la de Técnico Titulado Medio-Diplomado en Empresariales, una plaza, Grupo A, Subgrupo A2, ofertada por el sistema de acceso libre.

Los requisitos que deben reunir los aspirantes son los determinados en la base quinta, cuyo apartado 1 especifica que han de cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión. Entre estos requisitos, fijados en el apartado 2. b) está el de la titulación, que figura determinado del siguiente modo:

«Estar en posesión de la titulación que a continuación se señala o en condiciones de obtenerla habiendo finalizado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes….2) Técnico Titulado Medio Diplomado en Ciencias Empresariales o equivalente».

La acreditación de los requisitos a que se refiere el apartado segundo, entre ellos el de la titulación, se especifica que se verificará fehacientemente por el aspirante en la forma prevista en la base decimoquinta, que establece:

«Los aspirantes, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la Resolución a que se alude en el apartado 7 de la base anterior (de adjudicación de la plaza y de requerimiento a los aspirantes aprobados para la presentación de la documentación correspondiente, deberán presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos la documentación que se indica, entre ella, el original o copia compulsada de los títulos y/o certificaciones exigidos para su participación en las pruebas selectivas».

En el apartado 6 de esta base quinta, se prevé lo siguiente: «Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del órgano convocante que alguno de los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos necesarios, o que se han producido variaciones en las circunstancias alegadas en la solicitud de participación en la convocatoria, se procederá a la oportuna rectificación, previa audiencia del interesado, y mediante resolución motivada».

C) La Sala de lo Contencioso AdministrativodelTribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas)en su Sentencia de 31 de enero de 2017,tuvo ocasión de enjuiciar un supuesto sustancialmente igual al que en el presente recurso se somete a nuestra fiscalización jurisdiccional, de donde el principio de unidad de doctrina conduce a igual solución que entonces fue adoptada.

En el supuesto resuelto por la sentencia mencionada, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS aprobó, con fecha 12 de marzo de 2012, la relación definitiva de admitidos y excluidos a ciertas pruebas selectivas. Y el entonces recurrente, había sido inicialmente admitido en el proceso selectivo de referencia en el turno de libre acceso.

Después, mediante Resolución de fecha 28 de junio de 2012 de la Presidenta del Tribunal Coordinador de las pruebas selectivas correspondientes a la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, se aprobó la relación de aspirantes que habían superado la fase de oposición y el requerimiento para la presentación de los méritos que los aspirantes pretendieran hacer valer en la fase de concurso.

Atendiendo al indicado requerimiento, el demandante -quién superó la fase de oposición del proceso selectivo de referencia con un total de 54,4 puntos, sobre 60 puntos- presentó en plazo la documentación que pretendió hacer valer como méritos en la fase de concurso. Iniciada la baremación de méritos propia de la fase de concurso, el Tribunal Coordinador de las pruebas selectivas requirió a aquellos aspirantes que no habían aportado la titulación prevista en la Base Quinta 2, b), epígrafe 1) como requisito de acceso a la convocatoria, en este caso, la de Ingeniero Técnico Industrial en cualquiera de sus especialidades o equivalente. Al no poseer el demandante la titulación requerida, sino la de Ingeniero Industrial Superior, tras diversos trámites, el Servicio Canario de la Salud, al amparo del apartado 6º de la Base 5ª de las que rigen el proceso, dictó resolución excluyéndolo del mismo, que fue la impugnada en los cauces del proceso a que puso fin la sentencia de 31 de enero de 2017, y cuyos fundamentos jurídicos, sin más disgresiones, pasamos ya a reproducir.

D) CUESTION LITIGIOSA: Tal y como se desprende de los antecedentes fácticos, la cuestión litigiosa se reduce a determinar si era o no procedente excluir al recurrente del proceso selectivo convocado por el Servicio Canario de la Salud al carecer el interesado -Ingeniero Industrial- de la titulación necesaria para participar en dicho procedimiento, consistente, a tenor de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria, en la de «Ingeniero Técnico Industrial en cualquiera de sus especialidades o equivalente».

Pues bien, esta Sala, en su reciente Sentencia de 6 de septiembre de 2016, tuvo ocasión de enjuiciar la misma cuestión, exactamente, que de nuevo se somete a nuestra fiscalización jurisdiccional, por lo que, independientemente del criterio que a este ponente merezca la solución adoptada, el principio de unidad de doctrina nos impone preservar idéntica conclusión.

E) ANALISIS: En la sentencia del TSJ de Canarias de 6 de septiembre de 2016, se argumentaba lo siguiente:

1º) La cuestión a discernir en el presente procedimiento consiste en determinar si la resolución antes indicada del Juzgado número seis en relación con la pretensión de los recurrentes de que se trata es o no ajustada a derecho, alegando la administración apelante que dicha sentencia no tiene en cuenta quela resolución administrativa combatida es consecuencia de las bases de la convocatoria, las cuales no fueron impugnadas por los recurrentes, deviniendo por tanto firmes, por lo que constituyen la ley del procedimiento selectivo, resultando que la base quinta establece en cuanto a los requisitos que deben reunir los aspirantes, que estén en posesión del título de ingeniero técnico industrial en cualquiera de sus especialidades, o equivalente, mientras que el Sr. Claudio tiene la titulación de ingeniero industrial superior, que no es equivalente a la de ingeniero técnico industrial, alegando asimismo que el Colegio recurrente carece de legitimación activa.

2º) Debe señalarse primeramente que la parte apelante sostiene su escrito de apelación en base a una indebida consideración de la legitimación activa del Colegio recurrente, así como de la base quinta de la convocatoria de que se trata. Sin embargo, tales argumentos no pueden prosperar, siendo claro que, como puso de relieve la parte apelada en su escrito de oposición, y como el Juez a quo señaló oportunamente, las consecuencias que la sentencia apelada puede tener en relación con eventuales futuros procesos en que estén implicados otros colegiados hace que no quepa dudar de la legitimación del Colegio profesional al que pertenece el Sr. Claudio , cuya legitimación obviamente no es discutida por la administración, compartiendo la Sala dicho punto de vista. En relación con el fondo de la cuestión discutida, a saber, si a tenor de la base quinta de la convocatoria el Sr. Claudio reúne o no la titulación requerida, nuevamente comparte la Sala el punto de vista de la sentencia apelada, habiendo valorado el Juez a quo la jurisprudencia en la materia, que debe ser considerada correcta en tanto en cuanto lo decisivo es si la titulación del actor capacita o no al mismo para el desempeño de las funciones que deberá desarrollar en su caso, siendo palmario que una titulación superior a la requerida, no siendo por otra parte discutido por la administración apelante que efectivamente la titulación del recurrente es superior a la específicamente señalada en la repetida base quinta, no puede significar obstáculo alguno, ni siquiera desde un punto de vista meramente formal, ya que la interpretación lógica del término equivalente al que alude dicha base no tiene por qué coincidir con la que realiza la apelante, sino que considera la Sala que por equivalencia en la titulación hay que entender aquélla que habilita para el desempeño de las funciones antes citadas, careciendo de lógica considerar un obstáculo insalvable para el acceso a una plaza a desempeñar por ingeniero técnico industrial tener una titulación, ingeniero superior industrial, que aporta mayor grado de conocimientos.

3º) En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que la sentencia impugnada estima correctamente la reclamación de los actores contra la resolución del Servicio Canario de Salud de que se trata, sin que por la parte apelante se acierte a poner de relieve error alguno en la sentencia apelada, por lo que debe reputarse ajustada a derecho la misma, con desestimación del presente recurso de apelación.»

4º) Cabe añadir a lo anterior que el criterio de esta Sala es también el de su homónima del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en su Sentencia núm. 211/2016, de 11 marzo, declaraba, entre otras cosas, que «partiendo del hecho conocido que las Bases de la Convocatoria son la Ley del Concurso y vinculan por igual a la Administración que a los concursantes, lo primero que se ha de destacar es que de las propias alegaciones de la Abogacía del Estado queda patente que en el caso que nos ocupa estas no fueron respetadas por la Administración y entiende esta Sala que no son de recibo las alegaciones de esta relativas a la que por razones de eficacia administrativa se llevara a cabo la comprobación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes una vez finalizada la fase última del concurso, pues tal actuar resulta contrario a las Bases 2.1 y 2.13, 4.1 en relación con el Anexo IV, 5.1 que regula la admisión de aspirantes, actuaciones todas ellas previas al inicio del primer ejercicio del proceso selectivo, y además tal actuar, contrariamente a lo manifestado, resulta contrario a la alegada eficacia administrativa ya que el eliminar el primer filtro del proceso selectivo (admisión en regla de los aspirantes previa comprobación inicial del cumplimiento de los requisitos exigidos) implica que el Tribunal tenga que desarrollar un trabajo innecesario al tener que valorarles a todos los solicitantes el ejercicio de la oposición y elaborar las listas a las que se refiere la Base 7.3, así como al posterior examen de los méritos que alegaran según dispone la Base 7.4, para seguidamente publicar las valoraciones provisionales de méritos y concederles trámite de alegaciones y una vez resueltas estas proceder a la publicación de la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso de cada sistema según dispone la Base 7.5, para seguidamente elevarle a la autoridad convocante las relaciones de aspirantes de cada sistema de acceso que hubieran obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación y posterior publicación de esta concediendo plazo para la presentación de la documentación requerida (Bases 8.1 y 8.2), y supone además exigirle a quienes indebidamente tomaran parte en el proceso unos perjuicios injustificados al tener que presentarse a unas pruebas en la confianza de que podían optar a un puesto de trabajo y contrario a derecho que procediera el Tribunal, tras el dictado de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 25/9/2012, por la que se puso fin a la vía administrativa (folios 210 a 213 del exp.) y que aprobaba la Lista de los Aspirantes que habían superado el proceso selectivo y la Lista de adjudicatarios de plazas y en la que aparecía la demandante incluida en su Anexo I, Relación nº 2, Orden 1 (Cocina) con el nº 27 entre los aspirantes que habían obtenido al menos la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación (folio nº 215), a emitir el 7/12/2012 un informe, a todas luces extemporáneo (folio 238 a 240) en el que relaciona a los aspirantes que «no habían presentado la documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumplen los requisitos exigidos o han renunciado conforme a lo establecido en la Base 8.8 de la convocatoria», incluyendo entre los que no habían presentado la titulación requerida o equivalente a la demandante Doña María Cristina , cuando ya había finalizado el proceso selectivo, procediendo entonces la Administración, en base a tal informe, a revisar de oficio sus propios actos firmes sin acudir al procedimiento de revisión de actos nulos del artículo 102 de la Ley 30/92, ni a la declaración de lesividad de actos anulables del artículo 103 de la misma, ya que la cuestión suscitada y ahora discutida no podía calificarse de mero error de hecho susceptible de revisión a través del denominado recurso extraordinario de rectificación de errores previsto en el artículo 105.2 de la indicada Ley.

Aunque lo expuesto basta para estimar el recurso que se formula a ello se ha de añadir que las Bases de la Convocatoria, en cuanto a la titulación requerida, lo que exigen es que los solicitantes cumplan unos «mínimos exigibles», en este caso concreto estar en posesión del título de «Técnico en Cocina o equivalente», por lo que la decisión de la controversia pasa por determinar que debe entenderse por «equivalente» y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con dicho término se indica «Igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas o personas».

F) CONCLUSIONES: Así las cosas, dos titulaciones son «equivalentes» cuando tienen el mismo valor, de forma que si una es superior a la otra no existirá equivalencia alguna entre estas y así, si se pretendiera participar en una convocatoria con una titulación inferior a la requerida, la consecuencia obligada sería excluir a tal candidato, pero no parece lógico aplicar la misma solución cuando se trata de la situación inversa, pues resultaría absurdo excluir a un candidato por la simple razón de estar en posesión de una titulación y conocimientos superiores a la requerida para participar en el proceso selectivo; incongruente con las propias Bases de la Convocatoria que contemplan como mérito a valorar el estar en posesión de una titulación superior a la requerida para tomar parte en el concurso y contraria, analógicamente al no tratarse de puesto funcionarial, al artículo 103 de la C.E . que ordena que el acceso a la función pública se produzca de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Y precisamente porque no son equivalentes las titulaciones de «Técnico de Cocina», que es de grado medio, y la de Técnico Superior en Restauración, que como su mismo nombre indica es de grado superior, es por lo que el Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre por el que se establece el Título de Técnico en Cocina y Gastronomía no contempla a la segunda como equivalente de la primera y por lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Convalidaciones y Equivalencias de Formación profesional emite su informe indicando que dicha titulación superior no se encuentra recogida en la citada norma entre las equivalentes a «Técnico de Cocina».

Por tanto, la decisión del tema controvertido no pasa por determinar si la titulación de la recurrente es equivalente a la exigida, que no lo es, sino que el problema planteado ha de resolverse a través de un prisma distinto, decidiendo si ambas titulaciones pertenecen a una misma rama del saber, o lo que es lo mismo a una misma familia de conocimiento, lo que no se discute, y si la titulación superior capacita a su titular solicitante para desempeñar las concretar tareas del puesto de trabajo ofertado.

G) CONCLUSIONES FINLES: 

1º) El aspecto de la materia discutida en que más insistió el recurrente, y fue recogido por la sentencia, es el de que hay que presumir en la Licenciatura de Ciencias Químicas iguales conocimientos, y con toda probabilidad más extensos y profundos, que los que se exigían en el programa de la oposición convocada, pero una cosa son los grados académicos -Bachiller, Licenciado, Doctor- y otra las llamadas enseñanzas profesionales de primero o segundo grado, orientadas más hacia la adquisición de destreza en el terreno de operaciones parciales manuales- con la indispensable mínima preparación teórica-, que a la amplitud y profundidad de los conocimientos en une ciencia determinada. En efecto, vulneraría el principio de igualdad que se excluyera a un titulado inferior o «medio por el mero hecho de poseer un título superior; so pretexto de que tenía ‘ abiertas otras áreas profesionales de más alto rangopero en el caso que nos ocupa el recurrente no fue excluido por ser Licenciado en Ciencias Químicas, sino porque no era titulado de Formación Profesional de Segundo Grado de esa rama, ni diplomado de Universidad en la actividad específica de Auxiliares Técnicos de Laboratorio.

2º) En resumen, la exigencia de titulación profesional específica que acredite capacitación para labores auxiliares, como requisito indispensable para el desempeño de puestos en los que se desarrollen tareas de esa índole, no discrimina a los titulados de rango superior. Se trata solamente de la aplicación racional y razonable del principio de división del trabajo que opera en todas las áreas productivas o de servicios y al no haberlo entendido así la sentencia apelada, procede revocarla.

www.milicuaabogados.com

928 333 402

648 97 97 65

 

 

 

WhatsApp WhatsApp