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Derecho de un policía nacional a que le sea abonada, con efectos desde los cuatro años anteriores a la solicitud, la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedida, a título colectivo y por Orden del Ministerio del Interior al Grupo Especial de Operaciones del extinguido Cuerpo de Policía Nacional

Derecho de un policía nacional a que le sea abonada, con efectos desde los cuatro años anteriores a la solicitud, la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedida, a título colectivo y por Orden del Ministerio del Interior al Grupo Especial de Operaciones del extinguido Cuerpo de Policía Nacional

A) El Decreto de dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres, que recibió fuerza de Ley por la de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, creó la Medalla al Mérito Policial, en sus tres categorías, para premiar los servicios extraordinarios realizados por los funcionarios de la Policía Gubernativa.

La Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, regula la Medalla de Oro, Medalla de Plata y Cruz con distintivo rojo o con distintivo blanco.

El artículo 5 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales establece que, para conceder la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial, según los casos, será preciso que concurra en los interesados alguna de las condiciones siguientes:

a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente.

b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación.

d) Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación.

e) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.

El artículo 6 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales establece que: “Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente.

b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario.

c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.

d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal”.

B) La sentencia del TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, de 14 de diciembre de 2018, nº 886/2018, rec. 220/2017, reconoce a un policía nacional el derecho a que le sea abonada, con efectos desde los cuatro años anteriores a la solicitud, la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedida, a título colectivo y por Orden del Ministerio del Interior de 30 de marzo de 1982, al Grupo Especial de Operaciones del extinguido Cuerpo de Policía Nacional.

1º) El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la representación procesal de don Samuel , se dirige contra la Resolución de la Jefatura de la División de Personal de la Dirección General de la Policía, fechada el 9 de Enero de 2017, por la que se desestimó la solicitud formulada por el mismo, con fecha 20 de Octubre de 2016, en orden a que le fuera abonada, con efectos desde los cuatro años anteriores a la solicitud, la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo concedida, a título colectivo y por Orden del Ministerio del Interior de 30 de Marzo de 1982, al Grupo Especial de Operaciones del extinguido Cuerpo de Policía Nacional.

Pretende el recurrente la anulación de la resolución referenciada por cuanto, a su juicio, la misma es contraria a derecho aduciendo, en apoyo de dicha conclusión y en esencia, que conforme al artículo 5 de la Ley 5/1964, de 29 de Abril, sobre Condecoraciones Policiales, las causas que motivan el nacimiento del mérito para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo tienen naturaleza personal, además de que la propia Orden de 30 de Marzo de 1982, (publicada en la Orden General de 15 de Mayo próximo siguiente), remite expresamente al artículo mencionado por estimar a los integrantes del Grupo Especial citado comprendidos en dicho precepto; que la Ley reguladora de la Condecoración no contempla, por otro lado, su concesión «a título colectivo» a una Unidad, con abstracción de los concretos miembros que la forman, de modo que donde la ley no distingue tampoco puede distinguir el intérprete; que el artículo 4º de la Ley 5/1964, de 29 de Abril, delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la norma que lleva a entender el necesario carácter personal del beneficio de la recompensa; y, finalmente, que en aplicación del artículo 8º de dicho texto legal el carácter pensionado de la Cruz de constante cita es claro, y así lo ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Junio de 2000, al ser cualidad inherente a toda condecoración.

2º) Adentrándonos ya en el análisis del fondo de la cuestión sometida a nuestra consideración se hace necesario significar, con carácter previo, el cambio de criterio operado en la presente Sección, en atención a la incidencia de la Jurisprudencia sentada respecto a la cuestión que nos ocupa por el Tribunal Supremo.

Pues bien, antaño mantuvimos que el mérito justificativo de la concesión de la condecoración de referencia, a título colectivo como sabemos, se entendía atribuido a un colectivo en su condición de tal, con independencia de las personas que pudieran integrarlo en el devenir de los tiempos, de lo que concluíamos que ello traía consigo que la recompensa únicamente produjera un efecto honorífico, carente de consecuencias sobre los patrimonios individuales de los componentes, en la medida en que ambos efectos eran perfectamente imaginables separadamente.

Se decía que, con exclusión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, únicamente se hacía referencia en el texto legal a los «funcionarios» y a otras personas individuales, sin prever la posibilidad de que llevaren aneja pensión las condecoraciones otorgadas a «otros componentes» de los restantes Cuerpos y Unidades integrados en las Fuerzas de Seguridad del Estado, los cuales pueden recibir recompensas de la índole expuesta, que se integran en el denominado por la doctrina científica «patrimonio moral» del afectado, sea el mismo un individuo o un colectivo, si bien no llevan aneja la concesión de pensión alguna que se integre en el patrimonio de los beneficiarios.

No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Junio de 2000, recaída en el recurso de casación en interés de Ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Sentencia de 7 de Octubre de 1998 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón , en la pretensión de que se fijare como correcta doctrina legal la de que «las condecoraciones de la Orden del Mérito Policial concedidas a título colectivo no llevan aparejado el derecho a pensión a favor de los funcionarios pertenecientes a las Unidades o Cuerpos a favor de las cuales fueron concedidas tales recompensas», y, tras examinar la Ley 5/1964, de 29 de Abril, reguladora de la concesión de la Condecoración al Mérito Policial con Distintivo Rojo, concluye el carácter pensionado de aquélla, en sus dos modalidades de concesión, a título individual y a título colectivo.

La argumentación que lleva al Alto Tribunal a declarar no haber lugar al recurso de casación, rechazando la cuestión planteada, es la siguiente: «1) Las distinciones y recompensas constituyen una manifestación de la actividad administrativa de fomento, ya que van dirigidas a estimular comportamientos que se estiman beneficiosos para los intereses generales. 2) Esa actividad, como cualquier otra que proceda de un poder público, debe sujetarse a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico ( art. 9.1 CE). Esto hace que deba respetar los principios y valores Constitucionales, siendo aquí de destacar, en cuanto que se trata de una actividad específicamente referible a una Administración pública, la importancia que tiene el mandato de objetividad y eficacia contenido en el art. 103.1. 3). La literalidad de los preceptos de la Ley 5/1964, reguladora de la condecoración de que se viene hablando, no permite resolver de manera inequívoca que tal distinción tenga dos diferentes modalidades de concesión: una a título individual pensionada y otra colectiva meramente honorífica. La expresión «otros componentes de los restantes Cuerpos y Unidades integrados en las Fuerzas de Seguridad del Estado», utilizada por su art. 4, tras decir «Podrán ser recompensados … los miembros y funcionarios de la Policía Gubernativa», no ofrece una base segura para deducir lo que parece propugnar por la Abogacía del Estado: que lo querido con una y otra expresión es distinguir, a través de la misma, entre «miembros» y «componentes», y equivalente cada una de ellas a dos clases diferenciadas de potenciales beneficiarios, correspondientes también a dos modalidades de concesión (la individual y la colectiva). La lectura de ese precepto más bien sugiere otra cosa. Esas diferentes expresiones de «miembros», «funcionarios» o «componentes» son formas distintas de referirse a los integrantes individuales de cada uno de los Cuerpos de Funcionarios para los que está prevista normalmente la condecoración, y parece responder más a razones de estilo (evitar reiterar el mismo término en un mismo precepto) que al propósito de configurar esas dos modalidades de concesión pretendidas por el Abogado del Estado. 4) Y si se acude a la interpretación teleológica, la finalidad de la regulación de que se viene hablando, ponderada desde los principios y valores Constitucionales que antes se avanzaron, conduce mejor a la solución de la sentencia recurrida que a la postulada por la Abogacía del Estado. El principio de eficacia administrativa se inclina más a favor del carácter pensionado de la condecoración que a lo contrario, puesto que lo primero supone adicionar el estímulo económico al inicial acicate que comporta toda mención honorífica».

Efectivamente, al no prever la Ley 5/1964, de 29 de Abril, la concesión título colectivo, los requisitos para su otorgamiento, prevenidos en el artículo 8, habrán de concurrir necesariamente en cada uno de los funcionarios que componen la Unidad policial a la que se ha otorgado la condecoración, a los que habrá de entenderse concedida en consideración a los méritos desarrollados en ese Grupo especial en cuanto miembros de la misma, y a ello responde el tenor literal de la Orden del Ministerio del Interior de 30 de Marzo de 1982, al expresar «en atención a los méritos que concurren en los miembros del Cuerpo de Policía Nacional integrantes del Grupo Especial de Operaciones», de ahí que, donde la ley no distingue no deberá hacerlo el intérprete, y en consecuencia, la concesión a título colectivo de la Cruz de referencia llevará consigo no solamente el efecto honorífico sino también económico, pues, como decíamos, su otorgamiento al grupo mencionado en consideración a los méritos de sus integrantes se deberá entender que lleva aneja la pensión correspondiente al no disponer lo contrario el texto legal.

A tenor de lo expuesto, y en línea coherente con la Jurisprudencia transcrita, se hizo preciso modificar el criterio de la Sala y acceder a las pretensiones deducidas por diferentes recurrente idénticas a la esgrimida por el hoy actor en su escrito de demanda, en el bien entendido de que el mismo se hallaba destinado en el Grupo Especial de Operaciones del extinguido Cuerpo de Policía Nacional en el momento en que la Condecoración fue otorgada, esto es en el año 1982, según ha resultado debidamente acreditado de la prueba practicada en los presentes autos.

3º) Por otra parte, a tal pensión, a diferencia de lo que se sostiene, no sólo son acreedores los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o de otros Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, sino que también pueden serlo personas ajenas a los mismos, que además no sean funcionarios públicos ni perciban sus haberes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en la medida en que los mismos pueden ser beneficiarios de tal Condecoración ( artículos 4 y 8 de la Ley 5/1964 ), siendo la pensión aneja a la misma de carácter vitalicio ( artículo 9 de la propia Ley 5/1964), al punto que pueden percibirla funcionarios jubilados, en definitiva personas que han perdido o extinguido su relación de servicio con la Administración.

4º) En orden a la cuantificación de la pensión cuya procedencia hemos declarado, el artículo 8 de la tan citada Ley 5/1964, de 29 de Abril, dispone que cuando las citadas condecoraciones se otorgan a funcionarios de los Cuerpos y Organismos que menciona cuyos haberes aparezcan consignados en los Presupuestos Generales del Estado, llevarán siempre anejas las pensiones que se indican, proporcionales al sueldo de empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vayan alcanzando en lo sucesivo, asignando a la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo el «diez por ciento»; beneficios que según el artículo 9 del propio cuerpo legal serán acumulables para el supuesto de concederse dos o más condecoraciones.

En conclusión, la Ley 5/1964  despliega todos sus efectos en orden a la fijación de la primera de las cuantías de la recompensa, mediante el porcentaje (10%) para ella señalado aplicado al expresado «sueldo de empleo», rigiéndose el «quantum» de las sucesivas fijaciones a partir de 1978 por los aumentos porcentuales que las Leyes de Presupuestos establecen, y, ello, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1691/1995, de 20 de Octubre, por el que se adecuan las cuantías de las pensiones Anejas a las Medallas y Cruces de Mérito Policial y del Cuerpo de la Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos retributivos, pues desde la vigencia del mismo (su Disposición Final Segunda dispone su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., con efectos económicos del día primero del mes siguiente a la misma, es decir, con efectos económicos desde el 1 de Diciembre de 1995) la pensión aneja a la condecoración de referencia se devenga en las cuantías específicas que se detallan.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la reclamación administrativa cuya desestimación está en el origen del presente recurso contencioso-administrativo se presentó, por escrito dirigido a la Dirección General de la Policía, con fecha 20 de octubre de 2016, es decir, estando en vigor la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por la que se aprobó la Ley General Presupuestaria. El artículo 25 de esta Ley señala un plazo de prescripción de cuatro años para el reconocimiento o liquidación por la Hacienda de obligaciones como la que hoy se pretende, comenzando a contar dicho plazo desde que concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación, o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. En aplicación de dicho precepto el reconocimiento del derecho que se pretende debe abarcar, en consecuencia y en sus concretos efectos económicos, hasta cuatro años anteriores a la fecha en que el hoy recurrente presentó su reclamación en vía administrativa, esto es a partir del 20 de octubre de 2012, tal y como se reclamó expresamente en el suplico de la reclamación efectuada en vía administrativa.

C) La sentencia del TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, de 16 de marzo de 2015, nº 147/2015, rec. 1042/2013, reconoce el derecho del recurrente a percibir la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial, distintivo Rojo, concedida a título colectivo, pues según doctrina legal del TS, se debe concluir el carácter pensionado de aquélla, en sus dos modalidades de concesión, a título individual y a título colectivo.

Dicha concesión llevará consigo no solamente el efecto honorífico, sino también económico, pues su otorgamiento al grupo mencionado en consideración a los méritos de sus integrantes se deberá entender que lleva aneja la pensión correspondiente al no disponer lo contrario el texto legal.

1º) HECHOS: La parte demandante solicitó que se le estimara su pretensión,  y le fuera abonada en lo sucesivo la pensión correspondiente a la Cruz al Mérito Policial, así como los atrasos desde abril de 2009, no prescritos ni afectados por la sentencia de inadmision de fecha 14 de febrero de 2011, Recurso 721/2009, así como los intereses legales desde la reclamación en via administrativa en 9 de abril de 2013.

El presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Amparo Ramirez Plaza, en nombre y representación de D. Gregorio, contra la resolución presunta por silencio administrativo y contra la nómina de haberes del mes de marzo de 2013, de la Dirección General de la Policía (División de Personal), por la que se desestima la petición efectuada por el mismo en orden a que le fuera abonada la pensión aneja a la Cruz al Mérito Policial concedida a los GEOS a título colectivo por Orden de 30 de marzo de 1.982.

2º) Efectivamente, al no prever la Ley 5/64 la concesión título colectivo, los requisitos para su otorgamiento, prevenidos en el artículo 8 º, habrán de concurrir necesariamente en cada uno de los funcionarios que componen la Unidad policial a la que se ha otorgado la condecoración, a los que habrá de entenderse concedida en consideración a los méritos desarrollados en ese Grupo especial en cuanto miembros de la misma, y a ello responde el tenor literal de la Orden del Ministerio del Interior de 9 de diciembre de 1982, al expresar «en atención a los méritos que concurren en los miembros del Cuerpo de Policía Nacional integrantes de la Unidad de Desactivación de Explosivos», de ahí que, donde la ley no distingue no deberá hacerlo el intérprete, y en consecuencia, la concesión a título colectivo de la Cruz de referencia llevará consigo no solamente el efecto honorífico sino también económico, pues, como decíamos, su otorgamiento al grupo mencionado en consideración a los méritos de sus integrantes se deberá entender que lleva aneja la pensión correspondiente al no disponer lo contrario el texto legal.

En orden a la cuantificación de la pensión cuya procedencia hemos declarado, el artículo 8 de la tan citada Ley 5/64 dispone, que cuando las citadas condecoraciones se otorgan a funcionarios de los Cuerpos y Organismos que menciona cuyos haberes aparezcan consignados en los Presupuestos Generales del Estado, llevarán siempre anejas las pensiones que se indican, proporcionales al sueldo de empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vayan alcanzando en lo sucesivo, asignando a la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo el «diez por ciento»; beneficios que según el artículo 9 del propio cuerpo legal serán acumulables para el supuesto de concederse dos o más condecoraciones.

En conclusión, la Ley 5/1.964 despliega todos sus efectos en orden a la fijación de la primera de las cuantías de la recompensa, mediante el porcentaje (10%) para ella señalado aplicado al expresado «sueldo de empleo», rigiéndose el «quantum» de las sucesivas fijaciones a partir de 1.978 por los aumentos porcentuales que las Leyes de Presupuestos establecen, y, ello, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1.691/1.995, de 20 de Octubre, por el que se adecuan las cuantías de las pensiones Anejas a las Medallas y Cruces de Mérito Policial y del Cuerpo de la Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos retributivos, pues desde la vigencia del mismo (su Disposición Final Segunda dispone su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., con efectos económicos del día primero del mes siguiente a la misma, es decir, con efectos económicos desde el 1 de Diciembre de 1.995) la pensión aneja a la condecoración de referencia se devenga en las cuantías específicas que en el mismo se detallan.

3º) La cantidad resultante conforme a lo dicho anteriormente devengará desde la fecha de la notificación de esta Sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma el interés legal, conforme al artículo 106.2º de la Ley de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1.998, de 13 de Julio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 106 de esta misma Ley.

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Autor: Pedro Torres Romero

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